El dogma fundacional con el que todo gobierno justifica la presión fiscal sobre sus ciudadanos descansa sobre una letanía inmutable: «pagas impuestos para financiar hospitales, colegios y carreteras». La clásica interpelación retórica que se lanza contra cualquier cuestionamiento del tamaño del sector público («¿quién construirá las carreteras si no hay Estado?») presupone que la razón de ser de la recaudación tributaria reside en dotar a la sociedad de infraestructuras críticas y servicios esenciales que el mercado supuestamente descuidaría.
Basta asomarse a las cuentas no financieras de las Administraciones Públicas y a la liquidación presupuestaria consolidada que publica la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)1 Los datos consolidados de Contabilidad Nacional bajo metodología SEC 2010 se publican en las series anuales de Cuentas de las Administraciones Públicas de la IGAE (Ministerio de Hacienda). La ejecución de pensiones procede de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de Costes de Personal (Clases Pasivas). Las cifras sanitarias y educativas provienen respectivamente del Sistema de Cuentas de Salud (Ministerio de Sanidad) y de la Estadística del Gasto Público en Educación (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes). El gasto viario está registrado en las memorias de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y los balances técnicos de la Asociación Española de la Carretera (AEC). para constatar que esa narrativa es una ficción retórica.
El Estado español contemporáneo no es un gran constructor de infraestructuras ni una organización volcada en proveer servicios a sus ciudadanos. En más de un 70% de su gasto efectivo, el Estado es una gigantesca maquinaria extractiva diseñada para transferir rentas monetarias, repartir subsidios y sostener la masa salarial corporativa del propio sector público.
La división de las cuentas: dos mundos frente a frente
Para desarmar la trampa de las magnitudes no hace falta formular teorías complejas; basta con ordenar las partidas presupuestarias reales del Reino de España en dos bloques contables diferenciados.
Por un lado, el bloque de las transferencias de renta y nóminas públicas:
- La factura de las pensiones (202.000 millones de euros): La suma consolidada de las pensiones contributivas de la Seguridad Social (más de 180.000 millones anuales), las Clases Pasivas del Estado (cerca de 18.500 millones) y las pensiones no contributivas sobrepasa los 202.000 millones de euros. Más de 553 millones de euros cada veinticuatro horas.
- La remuneración de los empleados públicos (172.350 millones de euros): El coste salarial íntegro de los más de 3,5 millones de empleados públicos y funcionarios repartidos entre la Administración Central, las diecisiete Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los Ayuntamientos asciende a más de 172.000 millones de euros anuales según la Contabilidad Nacional del INE y la IGAE (código SEC D.1).
- Las prestaciones por desempleo y ayudas sociales (45.000 millones de euros): El desembolso en prestaciones contributivas y subsidios gestionados por el SEPE (unos 24.000 millones), el Ingreso Mínimo Vital, la atención a la dependencia y el entramado de transferencias asistenciales inyectan otros 45.000 millones de euros anuales en transferencias corrientes a los hogares.
Este primer bloque absorbe 419.350 millones de euros cada año.
Frente a esa mole dineraria, situemos el bloque de los servicios esenciales e infraestructuras con los que el discurso político convence al contribuyente de entregar más del 40% del fruto de su trabajo:
- La Sanidad pública consolidada (98.000 millones de euros): El presupuesto sanitario conjunto de las diecisiete Comunidades Autónomas más los programas estatales ronda los 98.000 millones de euros (aproximadamente el 6,7% del PIB).
- La Educación pública consolidada (64.000 millones de euros): La financiación completa de colegios de educación infantil y primaria, institutos de secundaria, formación profesional y universidades públicas de todo el país totaliza 64.000 millones de euros (un 4,3% del PIB).
- La red de Carreteras (4.000 millones de euros): La inversión y el mantenimiento de los más de 165.000 kilómetros que componen la red viaria española (la Red de Carreteras del Estado gestionada por el Ministerio de Transportes, más las redes autonómicas y las vías provinciales de las Diputaciones) apenas alcanza los 4.000 millones de euros al año entre obra y contratos de conservación.
Este segundo bloque suma 166.000 millones de euros.
La aritmética de la desproporción
Cuando se colocan ambas realidades en la misma escala gráfica, el mito de «los impuestos financian hospitales y carreteras» salta por los aires:
- La desproporción agregada (2,5 a 1): Por cada euro que el conjunto de las Administraciones Públicas dedica a financiar los hospitales, los colegios y la red viaria de toda España, el Estado desembolsa 2,52 euros en alimentar el circuito de pensiones, nóminas públicas y subsidios. El 71,6% de todo este volumen presupuestario se destina a transferencias y salarios del sector público; apenas el 28,4% cubre la provisión de sanidad, educación y carreteras.
- La supremacía individual de las partidas: Solo la factura anual de las pensiones (202.000 millones) supera holgadamente la suma íntegra de toda la Sanidad, toda la Educación y todas las Carreteras de España juntas (166.000 millones). Si la Seguridad Social no ingresara un solo euro por cotizaciones, el agujero de las pensiones bastaría para absorber el equivalente a todo el sistema sanitario y educativo público del país.
- La masa salarial frente a los servicios: La nómina de los empleados públicos (172.350 millones) supera también, por sí sola, el coste conjunto de sanidad, educación e infraestructuras viarias.
- La evaporación de las carreteras: El caso de la red viaria constituye la refutación más flagrante del discurso estatalista. Toda la inversión anual en carreteras de España (4.000 millones) la consume el sistema de pensiones en siete días y cinco horas. En una semana cualquiera, entre el lunes por la mañana y el domingo al mediodía, el pago de pensiones quema el equivalente al presupuesto anual de todas las autovías, puentes y túneles del país.
Mientras tanto, los informes de la Asociación Española de la Carretera (AEC)2 La Asociación Española de la Carretera (AEC) audita bianualmente el estado de los firmes en la red interurbana. En sus últimos dictámenes cifra en más de 13.500 millones de euros el déficit inversor necesario para reponer los firmes a condiciones mínimas de seguridad vial, destacando que las redes autonómicas y provinciales son las más golpeadas por la absorción del gasto público hacia transferencias corrientes. documentan un déficit acumulado de conservación superior a los 13.500 millones de euros, con más de 54.000 kilómetros de pavimento en estado de deterioro grave o muy grave. El asfalto se cuartea y las infraestructuras productivas se degradan porque el dinero no está en las carreteras; el dinero se transfiere en cheques corrientes.
La objeción contable de la masa salarial
Un funcionario o un contable ministerial levantará de inmediato la mano para plantear una objeción: «la masa salarial de 172.350 millones incluye a los médicos de los hospitales públicos y a los profesores de los colegios».
La precisión es correcta en términos de desglose funcional: los salarios del personal sanitario computan dentro de los 98.000 millones de la función de Sanidad, y los salarios de los docentes dentro de los 64.000 millones de Educación. Pero esa misma observación refuerza la gravedad del desequilibrio de fondo:
Incluso cuando se computa la Sanidad y la Educación con todos sus médicos, cirujanos, enfermeros, profesores de secundaria, maestros de escuela y celadores incluidos dentro del cálculo funcional, la suma combinada de ambos pilares más toda la red viaria nacional (166.000 millones) no alcanza a igualar la factura anual de pensiones (202.000 millones).
Y fuera de ese núcleo asistencial y docente, queda un aparato administrativo de más de 80.000 millones de euros en remuneraciones burocráticas y transferencias monetarias que no producen un solo metro de asfalto ni curan una sola patología en un quirófano.
La ficción de Bastiat y la teoría de la elección pública
¿Por qué los presupuestos de las democracias occidentales convergen siempre hacia este patrón hipertrofiado de transferencias y nóminas a costa de la inversión productiva?
La respuesta la anticipó Frédéric Bastiat a mediados del siglo XIX al definir el Estado como «la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a expensas de todo el mundo»3 Frédéric Bastiat publicó su ensayo L'État en el Journal des Débats en 1848, advirtiendo cómo la democracia representativa degenera en una puja continua donde cada grupo de interés presiona al poder central para recibir beneficios concentrados pagados mediante impuestos dispersos sobre el resto de la sociedad., y la formalizó con rigor matemático James M. Buchanan en la Escuela de la Elección Pública (Public Choice)4 James M. Buchanan y Gordon Tullock desarrollaron en The Calculus of Consent (1962) el análisis económico del proceso de votación, demostrando que los gobernantes buscan maximizar su probabilidad de reelección satisfaciendo las demandas inmediatas de bloques electorales organizados a costa de la deuda y la descapitalización futura de contribuyentes no sindicados..
Los políticos no gobiernan para el siglo XXII; compiten en mercados electorales que caducan cada cuatro años. Levantar una presa, diseñar un trazado ferroviario o mantener una autopista exige inmovilizar capital a largo plazo, asumir fricciones burocráticas y esperar lustros para ver resultados. Peor aún para el cálculo electoral: el asfalto no vota. Una autovía en perfecto estado de conservación no acude a las urnas un domingo por la mañana.
En cambio, las transferencias monetarias directas compran lealtad electoral en tiempo real. En España hay más de nueve millones de pensionistas, tres millones y medio de empleados públicos y millones de beneficiarios de subsidios y transferencias asistenciales. Suman un bloque superior a los trece millones de ciudadanos cuyo ingreso mensual depende directamente del Boletín Oficial del Estado.
Ninguna formación con aspiraciones de gobernar se atreve a recortar o desindexar esas partidas porque implicaría un suicidio en las urnas. La dinámica de la elección pública premia la concentración de rentas en colectivos organizados y castiga la inversión en activos duraderos, cuyos costes son inmediatos y cuyos beneficios quedan fuera del mandato del gobernante.
La quema del capital semilla
El coste de mantener esta maquinaria extractiva de 419.000 millones de euros no es neutral. Se financia detrayendo recursos del único sector capaz de crear valor real: los trabajadores del sector privado y las empresas productivas.
Para cuadrar este desequilibrio, la cuña fiscal sobre el trabajo en España roza ya el 40%, situándose entre las más confiscatorias de las economías desarrolladas. Entre cotizaciones sociales a cargo de la empresa, cotizaciones a cargo del empleado e IRPF, un trabajador que cobra 2.000 euros netos mensuales en su cuenta corriente cuesta a su empleador más de 3.500 euros brutos. Esa diferencia de 1.500 euros mensuales no se destina a construir mejores carreteras ni a modernizar las aulas de sus hijos: va directa a la cuenta bancaria de la clientela electoral pasiva del Estado.
Se devora el capital semilla de la economía para sostener el consumo corriente de rentas públicas. A los jóvenes menores de cuarenta años se les asfixia con cotizaciones crecientes para financiar pensiones blindadas cuya tasa de reemplazo supera el 80% (frente a la media del 60% de la Unión Europea), mientras se les condena a la imposibilidad de ahorrar para comprar una vivienda o emprender un negocio propio.
La física de los balances no entiende de discursos demagógicos. Se puede seguir repitiendo el eslogan de que los impuestos pagan los hospitales y las carreteras, pero la frialdad de los datos oficiales revela la verdad contable: los hospitales y las carreteras son el pretexto; la red clientelar de transferencias y salarios corporativos del Estado es el destino real de tu dinero.